El presidente Gustavo Petro le quitó el negocio millonario a alcaldes, gobernadores y senadores con el que financian sus campañas

El presidente Gustavo Petro ha tomado medidas drásticas para cambiar el paradigma de la contratación pública en Colombia. Mediante un decreto reciente, Petro anunció la creación del Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR), que reemplazará a la Agencia Nacional de Infraestructuras.

La trascendental decisión no solo implica un cambio de nombre, sino una transformación completa en la manera en que se llevarán a cabo los proyectos de construcción y mejoramiento de vías terciarias en el país. Este nuevo organismo tiene la capacidad de contratar directamente con comunidades indígenas, campesinas, Juntas de Acción Comunal y comunidades vulnerables, eliminando así intermediarios y los trámites burocráticos tradicionales.

Uno de los aspectos más destacados del decreto es la posibilidad de contratar con estas comunidades de manera directa, sin importar las cuantías. En contraste con el antiguo modelo en INVÍAS, donde las contrataciones estaban limitadas por topes específicos, El Gobierno Petro busca eliminar trámites burocráticos y canalizar los recursos directamente hacia las comunidades que necesitan infraestructuras viales.

Este enfoque representa un golpe significativo para contratistas, alcaldes, gobernadores y políticos que históricamente han aprovechado la cadena de contratación pública para beneficiarse económicamente y asi mantenerse en el poder. Petro busca poner fin a un sistema que, según él, ha generado un embudo en la contratación pública, donde casi siempre solo un 10% de los recursos destinados termina invertido efectivamente en las vías u obras.

La jugada maestra del presidente no solo afecta a los políticos locales y contratistas, sino también a los intereses de los banqueros, quienes, según fuentes cercanas al gobierno, han perdido una forma importante para financiar campañas políticas.

El nuevo enfoque de Petro tiene como objetivo combatir la corrupción al ir directamente a la base: las Juntas de Acción Comunal. Aunque algunos críticos señalan que estas juntas también pueden tener vínculos políticos locales, la esperanza es que al involucrar directamente a la comunidad en la supervisión de las obras, se reduzca significativamente la corrupción.

La iniciativa no solo promete un cambio en la manera de ejecutar proyectos de infraestructura vial, sino que también busca fomentar la transparencia, generar empleo local y garantizar que los recursos destinados a estas obras se traduzcan en un impacto real en las regiones. La implementación de estas medidas será observada de cerca, ya que el presidente Petro busca dejar una marca duradera en la historia de Colombia con su visión audaz de transformación.

Reportero Noticias

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