Los candidatos al senado Marcos Daniel Pineda y Wadith Mazur trabajaran para eliminar el cobro de pines para la inscripción universitaria

Los candidatos al Senado, Marcos Daniel Pineda García y a la Cámara de Representantes, Wadith Manzur, anunciaron que uno de los proyectos de ley que tendrá prioridad en su agenda legislativa a partir del 20 de julio, será el que eliminará el cobro de los pines para la inscripción a universidades públicas, el derecho a grado y que le dé condiciones de equidad a las pruebas de estado (Saber 11).

"Uno de los grandes problemas que tiene este país es el acceso a la educación superior para los jóvenes que terminan con ilusión el bachillerato y que hoy tienen que padecer todo un 'viacrucis' para poder iniciar una carrera universitaria. Muchos de ellos terminan frustrados y con sus sueños rotos", afirma Pineda García.

Los candidatos explicaron que la primera estación de ese viacrucis es comprar un pin para buscar un cupo en universidad pública, el cual vale hasta 100 mil pesos por aspirante y la segunda, competir por ese cupo con las pruebas Saber, que miden por igual a estudiantes de colegios urbanos y rurales o a jóvenes de último grado de planteles públicos y privados, sin entender las complejidades y diferencias que tiene cada uno en su contexto.

Sobre esto último, Manzur Imbett dijo que "de la mano de Marcos Daniel impulsaremos una propuesta que le otorgue a los jóvenes de colegios públicos, urbanos y rurales, un puntaje adicional en las pruebas Saber y con ello puedan competir con quiénes se graduaron de colegios privados".

Estas iniciativas incluirán compromisos desde el nivel central para suplir los recursos que las universidades dejarían de percibir tras la eliminación de estos dos cobros.

Señalaron que lucharán por una matrícula integral en la que se cobre por todos los conceptos y que cuando el estudiante se vaya a graduar no le pongan tantas trabas para obtener el título, el cobro de ese derecho a grado es un absurdo porque es un derecho que usted adquirió pagando su matrícula y cursando su carrera.

Esta propuesta lleva implícita una revisión profunda de la financiación de las universidades públicas del país, para conocer cuál es el déficit real y cuántos recursos debería aportar el Gobierno Nacional para financiarlas.